À Punt para escapar del fundido a negro

El pasado 29 de noviembre se cumplieron cuatro años del cierre de Canal 9 (Ràdio 9 había sido cerrada unos horas antes). Con ello, la Comunidad Valenciana se configura como la única Comunidad Autónoma que no disfruta de una radio-televisión propia, a pesar de poseer lengua oficial propia. Cuatro años de fundido a negro para el pueblo valenciano y el sector audiovisual, cuando aún no han empezado las emisiones de la sucesora de Canal 9, À Punt

Cuatro negros años que, en buena parte, son producto de la infrafinanciación que viene padeciendo el pueblo valenciano desde hace mucho más que cuatro largos años.

Cuatro años, para pasar de una plantilla  de 480 trabajadores, contemplada en el ERE que aprobó el Consell de Alberto Fabra, a otra de 469, prevista para À Punt. En su día, el Comité de Empresa de RTVV propuso una plantilla de 1.135 trabajadores con el argumento de que esta  cifra  “es imprescindible” para dar un servicio público de calidad. Esperemos que no se cumplan estos augurios sindicalistas y que la BBC valenciana cumpla los parámetros de los medios de comunicación objetivos, imparciales y con una buena programación.

Sin RTVV se ha hecho más patente la invisibilidad del pueblo valenciano en los medios de comunicación de ámbito estatal, más aún con la atención cuasi exclusiva prestada durante ese periodo al interminable procés catalán. Así, a nuestro particular apagón mediático se suma el fundido a negro de nuestras mentes, provocado por el torbellino impetuoso, con vocación de interminable, que viene de la Cataluña flamenca y valona, nunca española. Al menos, los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas se han podido refugiar del chaparrón secesionista en sus medios de comunicación propios .

Esta nula presencia de lo acontecido en tierras valencianas se puso de manifiesto con la realización de dos actos recientes de cierta importancia, y que coincidían en el tiempo:

  • La manifestación de 18-N para reivindicar una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Descartada la vía de la negociación en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas del Botànic, a las que se sumó Ciudadanos, realizaron una protesta contra el Gobierno del PP.
  • La Maratón de Valencia, celebrada el 19-N, con gran éxito de participantes y de público animador.

Curiosamente, el mismo sábado en que se realizó la manifestación de Valencia tuvo lugar una concentración de extremeños en Madrid para reclamar un tren digno, que contó con el consenso de TODAS las fuerzas políticas de la región, aunque con una participación menor que en la manifestación de Valencia. Sin embargo, esta tuvo mucha más repercusión que aquella en las televisiones con sede en Madrid.

De todo ello, cabe destacar que el pueblo valenciano aún sufre el largo  y tortuoso trayecto de una maratón recorrida por una infrafinanciación galopante, que afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como son el derecho a la igualdad, a la información y al fomento de la lengua propia.

Ahora, cuando se habla tanto sobre reformar la Constitución, cabe preguntarnos si no sería tarea más urgente y necesaria tomar los acuerdos políticos oportunos, al objeto de hacer realidad los principios democráticos que configuran el sistema constitucional español.

La mayoría de propuestas para iniciar la reforma de la Constitución van encaminadas a dar solución al denominado “problema catalán”. Sin embargo, durante el trayecto recorrido por la actual Constitución, han quedado relegados en las cunetas del olvido y del desamparo derechos y libertades que afectan a personas concretas y a determinados colectivos humanos. Tal vez, habrá que completar el mandato constitucional antes de modificar una Constitución que aún no ha dado todos los frutos que promete.

Ya sea en la profundización de su contenido o en la reforma del texto constitucional, las organizaciones políticas y sociales de la Comunidad Valenciana, deberían estar ojo avizor y tratar de hacer valer su peso específico en el seno del Estado español.

Ese papel le corresponde prioritariamente al Consell como órgano ejecutivo de una de las Comunidades puntales en los ámbitos económico y cultural. Pero, sobretodo, son los cuatro diputados de Compromís quienes tienen el poder más inmediato para influir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos valencianos, así como en la fijación de unas reglas del juego democrático más justas en lo social, con o sin reforma de la Constitución, dada su posición clave a la hora de negociar los textos legales a aprobar por el Congreso de los Diputados.

Muy a menudo, resulta tentador -por su comodidad mental- adscribirse a las filas del victimismo plañidero, según el cual la culpa siempre es del enemigo a batir. Si el Estado español ha ninguneado al pueblo valenciano ha sido porque los representantes del pueblo valenciano tampoco han podido -o sabido- influenciar en las políticas estatales.

Aún no sabemos cómo va a quedar el nuevo sistema de financiación autonómica y la incierta reforma constitucional. La única certeza que poseemos es que, por ahora, la Comunidad Valenciana no cuenta en el tablero político español, de manera que Comunidad Valenciana es sinónimo de Comunidad inVisible.

El pueblo valenciano debe felicitarse porque este lunes, 11 de diciembre, empiezan las emisiones de À Punt Ràdio, como hito mediático propio y avanzadilla de la tan anhelada televisión valenciana.

Esperemos que las nuevas ondas radiofónicas abran una ventana por la que podamos recibir el aire freso que proviene de nuestra Tierra.

 

(Fotografía: Uno de los estudios de À Punt Ràdio, El Mundo)

 

 

 

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El ‘procés’, o el ‘harakiri’ de la clase política independentista

Aprovechando los efectos nocivos de la crisis económica y el crecimiento de las semillas plantadas en los campos de la educación y de la propaganda antiespañola, la actual clase política catalanista consideró que había llegado el momento de ver cumplida la meta larvada del nacionalismo catalán: la consecución de la independencia.

En este intento de lograr los objetivos deseados, caiga quien caiga, en el Parlament de Cataluña se escribieron, firmado, y filmado, las páginas más vergonzosas de la democracia española desde el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, éste desarrollado principalmente en el Congreso de los Diputados y en las calles de Valencia.

Consciente o inconscientemente, los líderes independentistas catalanes se han pasado cuatro naciones. Al consumar con sus firmas el procés (antes solo virtual)  provocaron la reacción de todo el aparato del Estado Democrático y de Derecho ante los actos jurídicos anticonstitucionales de las instituciones dominadas por el soberanismo.  La fuerza de la ley democrática se ha manifestado a través de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, y con ello se ha frustrado definitivamente este intento de rebeldía contra el orden constitucional.

Al final de la corrida, todo el procés ha quedado circunscrito a un mero procedimiento de selección y posterior caída en desgracia de los líderes políticos de Cataluña:

  1. Artur Mas, sucesor del presunto capo de la Logia Mafiosa del 3%, inició el procés, después de la multitudinaria Diada del año 2012.
  2. Las CUP -pilotos/as consentidos/as del procés– exigieron, y consiguieron, la cabeza de Mas que, posteriormente, fue inhabilitado por los tribunales de justicia junto con dos de sus conselleras y el diputado Francesc Homs.
  3. Carles Puigdemont sucedió a Mas y dio el impulso definitivo al procés. Ahora anda huído de la Justícia Española por tierras belgas.
  4. El procedimiento ilegal llevado a cabo en el Parlament para aprobar las llamadas Leyes de Desconexión, y la firma mancomunada de las mismas, provocó la aplicación del art. 155 de la Constitución, la huida al extranjero de varios líderes separatistas, la prisión provisional o la libertad condicional para otros tantos, así como la inhabilitación y las condenas de prisión para los principales organizadores e impulsores del procés, ahora confirmadas por la recientísima Sentencia del Tribunal Supremo.

Por ello, después de los esperpénticos espectáculos de 6/7-S, 1-O , 10-O de 2017, 22-M de 2018… y la Sentencia del Tribunal Supremo, debería abrirse un nuevo periodo político dirigido por una nueva clase política catalana que, como producto de las frustraciones individuales y sociales, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos por la finalización de la crisis, lograra rebajar el nivel actual de radicalización política. La nueva clase política catalana tendría que aplicarse a la consecución de los objetivos siguientes:

  • Restañar la división social producida en Cataluña por el procés.
  • Llevar a cabo los pactos necesarios con el Estado y las demás Comunidades Autónomas, para conseguir un sistema de financiación lo más justo posible, y  una reforma de la Constitución, en su caso, que la adapte al desarrollo actual de la sociedad española y al sentir de los ciudadanos.

Lo único que han conseguido los líderes del procés (que no es poco) es imponer su monotema a toda la opinión pública (y publicada) española. Así, resultan invisibles para la opinión pública los graves problemas que atenazan a la sociedad española en su conjunto, y a la  valenciana en particular, como son:

  1. La infrafinanciación (la publicación de las sucesivas balanzas fiscales ponen de manifiesto que la Comunidad Valenciana es la peor tratada en el sistema de financiación actual).
  2. La escasa inversión estatal en infraestructuras.
  3. La falta de una política hídrica solidaria y justa.
  4. La no recuperación del Derecho Civil Foral

Pues, sea cual sea el lugar donde se ponen los focos de la noticia, tan solo se habla del tema que corrompe la vida política catalana y española: el desafío catalanista en todas sus formas y variantes, que supone un doble golpe a la democracia española, en cuanto

  • Negación del sistema constitucional, por cierto, edificado al gusto del nacionalismo catalán y que contó con la participación inestimable de los padres de la Constitución Miquel Roca y Jordi Solé Tura. Además, fue bendecido por la presencia en Barcelona del President de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, de ERC, así como por el 91% del electorado catalán. Tampoco podemos olvidar que los diferentes sistemas de financiación y las inversiones del Estado en Cataluña siempre han sido pactados con el poder catalán.
  • Saturación del espacio comunicacional español, donde solo se habla del problema catalán, igual que en el campo deportivo el Real Madrid y el Barça excluyen al resto de equipos de los principales canales de comunicación.

Ante los desafios que debe encarar la sociedad española en su conjunto, sería el momento propicio para que la clase política valenciana (desaparecida en combate) asumiera un papel protagonista en defensa de los intereses del pueblo valenciano, así como en la hipotética reforma del  marco político español.

 

(Fotografía: ABC.es)

Barcelona: España, en la encrucijada

En plena crisis y con el Gobierno del PP, han florecido dos movimientos políticos que, persiguiendo sus propios objetivos, intentan impugnar el sistema constitucional instaurado en 1978. Estos son:

  1. Los Indignados que, posteriormente, fundarán Podemos como partido político que rechaza el sistema democrático fraguado durante la Transición, bautizado como “Régimen” para asimilarlo al Régimen dictatorial de Franco.
  2. Los soberanistas catalanes que llevan a cabo el procés independentista catalán, que busca la desconexión con España.

Ambos movimientos han coordinado sus fuerzas, ya que el objetivo principal de los mismos es el desmantelamiento del sistema constitucional español.

Los motivos que se arguyen para tal rechazo a la democracia española -aunque se realice a través de un ataque al PP, como partido que gobierna el Estado español- son los siguientes:

  • No hubo una ruptura con el franquismo durante la Transición. El sistema constitucional nacido de la misma supuso una simple supervivencia del Régimen instaurado por Franco.
  • El sistema es corrupto, dados los múltiples -y presuntos- casos de corrupción que han salido a la luz pública.
  • La Constitución española no reconoce el hecho diferencial catalán.
  • Existe una discriminación del Estado hacia Cataluña en materias financiera y de inversiones.

Para tratar de conseguir sus metas políticas, tanto los podemitas como los independentistas han venido jugando -de una manera coordinada- con la debilidad del Estado, provocada por la crisis económica y el aireamiento de los casos de corrupción del partido en el Gobierno, aunque pasando por alto la presunta corrupción generalizada presente en las Comunidades andaluza y catalana, gobernadas por el PSOE y CiU, respectivamente.

En definitiva, “Todos contra el PP“, como una prolongación del Pacte del Tinell que ha sido ratificado por el PSOE de Pedro Sánchez en su camino por conseguir la ansiada Presidencia del Gobierno de España.

Como si de un juego infantil se tratara, se ha puesto en peligro el régimen de derechos y libertades que, de una forma consensuada por las fuerzas políticas presentes durante el periodo de la Transición -catalanismo incluido- se plasmó en el texto constitucional de 1978. Se ha llevado a cabo una lucha -más bien verbal y desde las tertulias de los platós de televisión- que se ha trasladado a las perfomances realizadas en los Parlamentos español y catalán, donde las proclamas y los anuncios de las leyes de desconexión no han llegado a plasmarse en textos publicados en el correspondiente Diario Oficial, por falta de manos que empuñen las oportunas plumas.

Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils han supuesto en duro golpe a la consciencia de la gente, así como un reto importante al sistema de derechos y libertades de los ciudadanos que los han padecido, y una fuerte alarma a toda la sociedad catalana y española, junto con las fuerzas políticas de los espectros catalán y español. El jueguecito dialéctico y teatral que amenazaba con destruir -virtualmente- el sistema constitucional de 1978, ha terminado (o, más bien, debería terminar) con el duro zarpazo provocada por la mayor célula yihadista descubierta en el ámbito europeo (al menos, 12 miembros), que ha causado gran cantidad de muertos y heridos en las Ramblas de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils. Un potente aviso de que existen fuerzas ideológicas que pretenden acabar -de verdad- con el sistema de libertades que impera en el mundo occidental.

Las primeras reacciones de todas las fuerzas políticas españolas y catalanas -con la esperada excepción de la CUP y su #capitalismofobia- de llamamiento a la unidad, podrían establecer las bases para una nueva etapa política en la que se busque más el acuerdo trabajado que la rápida discrepancia, sobretodo si esta responde más a un artificio que a un hecho real, o a un escollo ideológico insalvable. En este sentido, cabe destacar la presencia en todos los actos que se han realizado en Barcelona de TODOS los líderes políticos españoles y catalanes, con la icónica asistencia de las alcaldesas de Barcelona (Ada Colau) y de Madrid (Manuela Carmena) en la Misa celebrada en la Sagrada Familia, a pesar de su conocido agnosticismo.

Sin embargo, pronto se han producido gestos de las autoridades catalanas, que pueden ser signo de que la cabra tira al monte y de que el procés tira adelante caiga quien caiga. Así:

  1. El Conseller de Interior de la Generalitat Catalana diferenció entre víctimas catalanas y fallecidos de nacionalidad española.
  2. Dentro del protagonismo exclusivo del Govern en lucha contra la célula yihadista, la rueda de prensa protagonizada por el President, el Conseller de Interior y el Mayor de los Mossos d’Esquadra, dirigida a los informadores internacionales, se escenificó como una invitación a entrar en la salita de estar de la República Independiente de su Casa.
  3. En una entrevista en el Financial Times, Carles Puigdemont ha acusado al Gobierno de España de hacer un uso político de la seguridad, al tiempo que afirma que ya tienen más de 6.000 urnas para el 1-O.

El arzobispo de Barcelona, Omeya (sic), expresó en la homilía de la Misa en la Sagrada Familia que “la unión nos hace fuertes, la división nos corroe y nos destruye”.

Confiemos en que este zarpazo del yihadismo, que nos ha hecho morder el polvo de la dura realidad, sirva al menos para conseguir tres objetivos fundamentales:

  • Rebajar la tensión dialéctica y el uso indiscriminado de la demagogia política a niveles aceptables.
  • Permitir que el independentismo catalán pueda salir, lo más dignamente posible, de la ratonera en la que se ha metido; aunque para ello, los líderes independentistas deban gozar de sus minutos de gloria dentro de estos dramáticos momentos marcados por el terror y la desgracia humana.
  • Sentar las bases de una nueva política dirigida a buscar los consensos en lugar de los enfrentamientos estériles.

Por todo ello, Omeya: Amén.

(Fotografía: El Periódico de Aragón)