À Punt para escapar del fundido a negro

El pasado 29 de noviembre se cumplieron cuatro años del cierre de Canal 9 (Ràdio 9 había sido cerrada unos horas antes). Con ello, la Comunidad Valenciana se configura como la única Comunidad Autónoma que no disfruta de una radio-televisión propia, a pesar de poseer lengua oficial propia. Cuatro años de fundido a negro para el pueblo valenciano y el sector audiovisual, cuando aún no han empezado las emisiones de la sucesora de Canal 9, À Punt

Cuatro negros años que, en buena parte, son producto de la infrafinanciación que viene padeciendo el pueblo valenciano desde hace mucho más que cuatro largos años.

Cuatro años, para pasar de una plantilla  de 480 trabajadores, contemplada en el ERE que aprobó el Consell de Alberto Fabra, a otra de 469, prevista para À Punt. En su día, el Comité de Empresa de RTVV propuso una plantilla de 1.135 trabajadores con el argumento de que esta  cifra  “es imprescindible” para dar un servicio público de calidad. Esperemos que no se cumplan estos augurios sindicalistas y que la BBC valenciana cumpla los parámetros de los medios de comunicación objetivos, imparciales y con una buena programación.

Sin RTVV se ha hecho más patente la invisibilidad del pueblo valenciano en los medios de comunicación de ámbito estatal, más aún con la atención cuasi exclusiva prestada durante ese periodo al interminable procés catalán. Así, a nuestro particular apagón mediático se suma el fundido a negro de nuestras mentes, provocado por el torbellino impetuoso, con vocación de interminable, que viene de la Cataluña flamenca y valona, nunca española. Al menos, los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas se han podido refugiar del chaparrón secesionista en sus medios de comunicación propios .

Esta nula presencia de lo acontecido en tierras valencianas se puso de manifiesto con la realización de dos actos recientes de cierta importancia, y que coincidían en el tiempo:

  • La manifestación de 18-N para reivindicar una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Descartada la vía de la negociación en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas del Botànic, a las que se sumó Ciudadanos, realizaron una protesta contra el Gobierno del PP.
  • La Maratón de Valencia, celebrada el 19-N, con gran éxito de participantes y de público animador.

Curiosamente, el mismo sábado en que se realizó la manifestación de Valencia tuvo lugar una concentración de extremeños en Madrid para reclamar un tren digno, que contó con el consenso de TODAS las fuerzas políticas de la región, aunque con una participación menor que en la manifestación de Valencia. Sin embargo, esta tuvo mucha más repercusión que aquella en las televisiones con sede en Madrid.

De todo ello, cabe destacar que el pueblo valenciano aún sufre el largo  y tortuoso trayecto de una maratón recorrida por una infrafinanciación galopante, que afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como son el derecho a la igualdad, a la información y al fomento de la lengua propia.

Ahora, cuando se habla tanto sobre reformar la Constitución, cabe preguntarnos si no sería tarea más urgente y necesaria tomar los acuerdos políticos oportunos, al objeto de hacer realidad los principios democráticos que configuran el sistema constitucional español.

La mayoría de propuestas para iniciar la reforma de la Constitución van encaminadas a dar solución al denominado “problema catalán”. Sin embargo, durante el trayecto recorrido por la actual Constitución, han quedado relegados en las cunetas del olvido y del desamparo derechos y libertades que afectan a personas concretas y a determinados colectivos humanos. Tal vez, habrá que completar el mandato constitucional antes de modificar una Constitución que aún no ha dado todos los frutos que promete.

Ya sea en la profundización de su contenido o en la reforma del texto constitucional, las organizaciones políticas y sociales de la Comunidad Valenciana, deberían estar ojo avizor y tratar de hacer valer su peso específico en el seno del Estado español.

Ese papel le corresponde prioritariamente al Consell como órgano ejecutivo de una de las Comunidades puntales en los ámbitos económico y cultural. Pero, sobretodo, son los cuatro diputados de Compromís quienes tienen el poder más inmediato para influir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos valencianos, así como en la fijación de unas reglas del juego democrático más justas en lo social, con o sin reforma de la Constitución, dada su posición clave a la hora de negociar los textos legales a aprobar por el Congreso de los Diputados.

Muy a menudo, resulta tentador -por su comodidad mental- adscribirse a las filas del victimismo plañidero, según el cual la culpa siempre es del enemigo a batir. Si el Estado español ha ninguneado al pueblo valenciano ha sido porque los representantes del pueblo valenciano tampoco han podido -o sabido- influenciar en las políticas estatales.

Aún no sabemos cómo va a quedar el nuevo sistema de financiación autonómica y la incierta reforma constitucional. La única certeza que poseemos es que, por ahora, la Comunidad Valenciana no cuenta en el tablero político español, de manera que Comunidad Valenciana es sinónimo de Comunidad inVisible.

El pueblo valenciano debe felicitarse porque este lunes, 11 de diciembre, empiezan las emisiones de À Punt Ràdio, como hito mediático propio y avanzadilla de la tan anhelada televisión valenciana.

Esperemos que las nuevas ondas radiofónicas abran una ventana por la que podamos recibir el aire freso que proviene de nuestra Tierra.

 

(Fotografía: Uno de los estudios de À Punt Ràdio, El Mundo)

 

 

 

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#LaTramaValenciana, una trama que finaliza con cinco absoluciones

De la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares sobre el denominado “caso Nóos“, se pueden extraer dos conclusiones:

  1. El ruido político-mediático se impone sobre el rigor de los métodos predicados de la Ciencia Jurídica en la impartición de justicia.
  2. A pesar de haber resultado absueltos en el mencionado proceso judicial, los valencianos investigados en el mismo reciben un tratamiento mediático diferente al resto de personas absueltas, situados en un limbo jurídico entre el infierno de los condenados y el cielo de los (realmente) absueltos.

No había transcurrido ni media hora desde la comunicación de la citada sentencia (741 folios repletos de hechos y fundamentos jurídicos) y los representantes de los principales partidos políticos ya se sentían obligados a posicionarse a favor o en contra de la misma. Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el antimonárquico Podemos vertía su disconformidad con el resultado de una sentencia que consideraba “benévola” respecto de la Infanta Cristina. ¿Qué más da que, según los hechos demostrados y la argumentación jurídica manejados por las tres magistradas del TSJIB, #lodeCristina no acabara en años de prisión? Cuando uno es republicano su deseo es ver rodar las cabezas de los monarcas desde el cadalso o, como mínimo, observar cómo los cuerpos de la realeza son introducidos en el talego más sórdido. Todo lo demás, sobra.

Con las declaraciones de los líderes políticos se daba por inaugurado el PIM-PAM-PUM mediático. En él participaban jueces instructores, fiscales, periodistas, tertulianos de toda índole, tuiteros de lo más variado, y público en general, es decir #LaGente, que era invitada a participar en encuestas de lo más variado. Así, a ojo de buen cubero, a unos les parecía “bien” la sentencia; a otros, “mal”; a aquel se le antojaba que había quedado “corta”, y al otro le parecía “excesivo” que la Infanta hubiese acabado en el banquillo de los acusados. ¡Ay!, qué lejos ha quedado..

  • Aquella época en la que se seguían los análisis periodísticos que pretendían dar cuenta de la rigurosidad con la que intenta manifestarse la práctica jurídica.
  • El reconocimiento por las horas, los días y los meses dedicados por los jueces y magistrados a desbrozar los hechos contemplados en la trama del sumario.
  • El respecto a la constatación de los hechos demostrados, los tipos delictivos aplicables a estos hechos, y el grado de participación de los condenados en las actividades delictivas…

Por poner un ejemplo señero, el periodista Eduardo Inda -quien admite en el programa Te doy mi palabra de Onda Cero que inició las pesquisas sobre el caso Nóos porque no le habían pagado una conferencia a la que fue invitado por Iñaki Urdangarín– además de criticar el tratamiento de favor hacia la Infanta Cristina, se permite comparar -por analogía, o algo así- la situación de Jaume Matas, expresidente de la Islas Baleares -condenado por la sentencia-, con la del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, que había declarado ante el tribunal como mero testigo, pero que, al parecer del Sr. Inda, merecía la misma condena. ¿Conocimientos jurídicos? Más bien, PIM-PAM-PUM mediático, y a otra cosa, mariposa.

Por lo que respecta al tratamiento que han dispensado los medios de comunicación -incluida TVE que, por definición, es el principal medio en manos del Gobierno de España- a los valencianos investigados en el juicio por el caso Nóos, hemos tomado nota de algunos titulares bien expresivos:

Diversos medios: “Alfonso Grau y la trama valenciana, absueltos” (el subrayado es mío).

Canal 24h de TVE: “Grau se enfrentaba a una petición fiscal de 11 años de prisión”.

El mismo canal, por contraste: “Absuelta Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid Olímpico”.

A estas alturas de la película, no debería extrañarnos el diferente tratamiento que reciben los investigados valencianos (#tramavalenciana para la prensa) respecto de los madrileños (absueltos sin más, sin trama). Una sentencia judicial no puede estropear el relato según el cual la Comunidad Valenciana -junto con la Región de Murcia– es presentada como el territorio de la corrupción por antonomasia, donde habita la mayor cantidad de políticos y ciudadanos corruptos por metro cuadrado. Los hechos judiciales, no obstante, van desmintiendo esta imagen interesada y las tramas valencianas se deshilachan…

Sin embargo, la trama contra los líderes políticos y empresariales valencianos se ha llevado por delante la urdimbre sociopolítica capaz de favorecer la vertebración del pueblo valenciano. Nos sobran los motivos:

  • Desconfianza de los ciudadanos valencianos hacia sus líderes.
  • Enfrentamiento radical -que frecuentemente se sustancia ante los tribunales de justicia- entre el PP y los partidos firmantes del Acuerdo del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos).
  • Falta de alternativas viables a los problemas que atañen al pueblo valenciano.

Los políticos valencianos deberían ser conscientes de que todo este entramado dominado por el fraccionamiento social y el distanciamiento político, solo puede conducir a la neutralización de los esfuerzos para sacar a la Comunidad Valenciana de esa especial situación en la que, a pesar de poseer una renta per cápita inferior a la media española, debe contribuir al fondo general del que se nutren el resto de Comunidades Autónomas.

Confiemos en que esta última trama tenga un final feliz.

(Fotografía: Official Press)

 

 

 

 

 

El sistema de finançament autonòmic, serà just?

El passat dia 1 de febrer tingué lloc la reunió entre el President Puig i la Vicepresidenta Santamaría, on es va tractar sobre el nou sistema de finançament autonòmic. L’encontre va ser qualificat per ambòs com a “fructífer” i que va transcórrer en un clima de “lleialtat institucional” (tal vegada per remarcar la diferència amb el clima de “deslleialtat constitucional” que es respira a Catalunya), alhora que va servir per a estudiar qüestions acordades en la recent Conferència de Presidents Autonòmics.

Precisament, va ser a l’acabament de l’esmentada Conferència (a la qual no varen assistir les màximes autoritats de Catalunya i Euskadi, atés que volen menjar a banda) on es va constatar que l’eix del debat no aniria en la direcció d’acabar amb les injustícies que provoca l’actual sistema de finançament, fonamentalment cap a la Comunitat Valenciana en tant que és l’única amb una renda per càpita inferior a la mitjana estatal que ha d’aportar recursos a altres comunitats amb un nivell de renda superior. No, el debat que va transcedir a l’opinió pública va ser l’iniciat per la Presidenta d’Andalusia Susana Díaz, quant a la necessitat de fixar uns límits a la potestat impositiva de les comunitats autònomes, a fi d’evitar el dumping tributari.

Com no, el guant va ser arreplegat per la Presidenta madrilenya Cristina Cifuentes que, amb l’ajuda inestimable dels mitjans de comunicació amb seu a Madrid, es va dedicar a lloar les virtuds del sistema tributari de la capital d’Espanya, passant per alt el gran privilegi que suposa per a eixa comunitat tindre en el seu territori la capitalitat de l’Estat (seu de Ministeris, mitjans de comunicació, empreses més importants, museus i servicis culturals, aeroport com a plataforma intercontinental, amb un  sistema estatal de comunicacions que confluix en la capital…).

La preeminència mediàtica del debat polític entre les dirigents d’Andalusia i Madrid i la negativa del Govern espanyol a establir la retroactivitat del nou sistema de finançament a l’any 2014, varen ser el toc d’alerta sobre la imposició de la dura realitat al joc polític, on la prioritat no passa pels climes de “lleialtat institucional” i la lluita heroica contra les desigualtats i les injustícies socials. No, en política el primer objetiu és la conquista i el posterior manteniment del poder. I, com succeix en l’etapa actual del sistema polític espanyol -on el Govern no disposa d’una majoria absoluta- allò que és prioritari passa per atendre les exigències de les forces polítiques capaces de prestar el seu suport per a governar, o d’aquelles que plantegen reptes poderosos a la integritat del territori espanyol.

En eixe sentit, Ciutadans i Coalició Canària ja varen votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy com a President del Govern, cosa que va ser possible amb l’abstenció d’un PSOE que s’havia desfet de Pedro Sánchez i era controlat per l’andalusa Susana Díaz. Com hem dit abans, el Partit Nacionalista Basc desitja establir unes relacions bilaterals amb el Govern espanyol, a l’hora que es deixa voler quan es tracta de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. És clar que els suports d’uns i dels altres s’haurà de pagar amb inversions i privilegis cap als territoris corresponents. A més, caldrà fer partíceps d’eixes inversions i privilegis a les forces sobiranistes catalanes, perquè desistixen del desplegament del “procés” cap a la independència (més virtual que real). El nomenament de Dolors Montserrat com a quota catalana en el Govern espanyol i l’obertura a Barcelona del palauet-residència de la Virreina Soraya, són gestos que avancen la predisposició de Madrid per a contentar el Govern rebeld de Catalunya (la premsa ja anuncia fortes inversions de l’Estat cap a Catalunya).

En l’esmentada reunió amb Soraya Sáenz de Santamaría, Ximo Puig li va traslladar la necessitat que els Pressupostos Generals de l’Estat tingueren sensibilitat amb la Comunitat Valenciana i amb els dèficits acumulats durant anys. No obstant, la correlació de forces polítiques ens porta cap a un nou sistema de finançament semblant al vigent, que va ser aprovat pel Govern socialista de Rodríguez Zapatero; és a dir, un finançament favorable a Canàries (pel suport de Coalició Canària), Andalucia (pels servicis prestats per Susana Díaz en la investidura de Rajoy) i Catalunya (per a intentar la neutralització del “procés”). I no parlem d’Euskadi perquè funciona la mar de bé amb el concert econòmic.

Arribats a este punt, resulta manifesta la incapacitat negociadora de les forces firmants de l’Acord del Botànic que, aferrades al dogma fusterià, tan sols podran vore com passa davant dels seus nassos un nou sistema de finançament autonòmic que, una vegada més, sacrificarà bona part dels béns dels valencians per a donar satisfacció als interessos dels pobles canari, andalús, basc i català. Qui no coneix la idiosincràcia del nacionalisme valencià se sorprén en observar que els quatre diputats de Compromís no es facen valdre a l’hora de condicionar el sentit de les lleis aprovades pel Congrés, cap a una millora de les condicions de vida del poble valencià, així com per a participar en el disseny de la nova planta del sistema constitucional espanyol.

Mes, com “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible“, només la millora de l’economia, per l’eixida de la crisi, podrà mitigar els efectes nefands del nou-vell sistema de finançament. Això sí, ens deixarem les forces denunciant les desigualtats i les injustícies socials i, sobretot, continuarem parlant de la corrupció… De pena!

(Fotografia: Official Press)