Puchi se independiza

Lejos de España. Fuera del territorio catalán. Arrojado definitivamente de su Cataluña soñada, Carles Puigdemont, al fin, se independiza.

Después de encabezar un procés hacia la desconexión de España, que ha provocado grandes cataclismos político-sociales, como:

  • Desaparición de CiU, primero, y Convergència Democràtica de Cataluña, a continuación.
  • Pérdida constante de apoyo electoral del sector independentista, que encuentra su realidad simbólica en la victoria de Ciutadans, la primera victoria de un partido constitucionalista en tierras catalanas.
  • División de la sociedad catalana en dos mitades casi iguales en peso demográfico y electoral.
  • Huida masiva de empresas, algunas de vital importancia como Caixabank y el Banco de Sabadell que han venido a tierras valencianas.
  • Descenso importante del turismo y desaceleración económica.
  • Suspensión de la autonomía catalana, tutelada por el Gobierno de España, con la aplicación del art. 155 de la Constitución Española.
  • Probabilidad bastante elevada de un futuro entre rejas para los líderes del procés, investigados por el Tribunal Supremo de graves delitos contra la organización del Estado español y su supervivencia: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Tras la muerte anunciada del procés en unos mensajes enviados (¿robados, con vocación divulgativa?) al móvil del exconseller Antoni Comín, también fugitivo en Bélgica, Carles Puigdemont consigue el objetivo perseguido: se independiza, se va a vivir a Waterloo, cerca de Bruselas, cual (ex)presidente en el exilio dorado en un remedo del Palau de la Generalitat –con aires arquitectónicos del Palacio de la Zarzuela-, de 550 m2, con un jardín de 1.000 m2, y un alquiler de 4.400 euros mensuales. Un pretendido centro de poder simbólico que garantiza uno de los efectos más perniciosos del reto soberanista: la omnipresencia mediática de las idas y venidas, geográficas e ideológicas, de los impulsores del proyecto político insolidario y traicionero que dieron en denominar procés cap a la desconnexió d’Espanya, y que cuenta con una base electoral de unos 2 millones de fieles seguidores.

Fieles feligreses de un movimiento político-ideológico con un fuerte componente de esencialismo identitario, que ha transmutado en fenómeno de masas con claros tintes religiosos, y con vocación de establecer su particular credo por encima de las normas que rigen nuestro sistema constitucional. Y que ya tienen su particular centro de peregrinación en tierra de flamencos… hasta que el juez Llarena del Tribunal Supremo reactive la euroorden de detención para el habitante del casoplón belga.

Mas a esta secta herética anticonstitucionalista, con vocación de Iglesia ortodoxa, edificada con la primera piedra colocada por el Patriarca Jordi Pujol y continuada por los Sumos Pontífices Artur Mas y Carles Puigdemont, ya le ha nacido una respuesta aún más herética, de orientación heterodoxa y constitucionalista, en tierras de Tabarnia (Tarragona-Barcelona), cuyo President en el exilio de Barcelona es el bufón Albert Boadella.

Esta ocurrente idea construida con los materiales ideológicos del esperpento secesionista, pone ante el espejo deformante a los protagonistas de un intento de separar a Cataluña de España, si contar con la mayoría social y electoral, y pasándose por el forro todas las normas que rigen nuestro sistema democrático, edificado mediante la voluntad popular, elección tras elección.

En serio: por el bien de la democracia y de la salud mental de los ciudadanos, hace falta iniciar una nueva vía mediática en la que, tras la derrota infringida al procés por los poderes del Estado democrático, se redimensione en su justa medida la presencia de un movimiento de masas de naturaleza no biodegradable, con voluntad de persistencia y omnipresencia. Esta tarea es fácil de decir, pero ardua a la hora de ponerla en práctica, pues ya sabemos que los medios de comunicación viven de las cuotas de audiencia, y ésta se rige, principalmente, por las noticias que generan morbo. Y el denominado problema catalán es una fábrica de producir morbo en abundancia

Por ello, los agentes políticos del Estado y de las Comunidades Autónomas deberían unir sus voluntades democráticas, a la hora de pergeñar un ambicioso proyecto capaz de dotar de estabilidad al sistema democrático, dentro de unos parámetros de igualdad, progreso y justicia social. También para tratar en su justa proporcionalidad mediática las aventuras y desventuras de este séquito de fieles catalanes, numeroso, pero al fin y al cabo minoritario, que, deliberadamente, se ha colocado fuera del marco de convivencia constitucional, y que nos promete grandes relatos de sus peripecias vitales, dentro del espectáculo político inserto en ese cuento de La Lechera en el que se ha convertido el procés catalán.

Unos pocos, aunque sean multitud, no pueden dictar la hoja de ruta política y mediática de ese Estado Social y Democrático de Derecho que damos en llamar España.

 

 

 

 

 

(Fotografia: La Vanguardia)

Anuncis

À Punt para escapar del fundido a negro

El pasado 29 de noviembre se cumplieron cuatro años del cierre de Canal 9 (Ràdio 9 había sido cerrada unos horas antes). Con ello, la Comunidad Valenciana se configura como la única Comunidad Autónoma que no disfruta de una radio-televisión propia, a pesar de poseer lengua oficial propia. Cuatro años de fundido a negro para el pueblo valenciano y el sector audiovisual, cuando aún no han empezado las emisiones de la sucesora de Canal 9, À Punt

Cuatro negros años que, en buena parte, son producto de la infrafinanciación que viene padeciendo el pueblo valenciano desde hace mucho más que cuatro largos años.

Cuatro años, para pasar de una plantilla  de 480 trabajadores, contemplada en el ERE que aprobó el Consell de Alberto Fabra, a otra de 469, prevista para À Punt. En su día, el Comité de Empresa de RTVV propuso una plantilla de 1.135 trabajadores con el argumento de que esta  cifra  “es imprescindible” para dar un servicio público de calidad. Esperemos que no se cumplan estos augurios sindicalistas y que la BBC valenciana cumpla los parámetros de los medios de comunicación objetivos, imparciales y con una buena programación.

Sin RTVV se ha hecho más patente la invisibilidad del pueblo valenciano en los medios de comunicación de ámbito estatal, más aún con la atención cuasi exclusiva prestada durante ese periodo al interminable procés catalán. Así, a nuestro particular apagón mediático se suma el fundido a negro de nuestras mentes, provocado por el torbellino impetuoso, con vocación de interminable, que viene de la Cataluña flamenca y valona, nunca española. Al menos, los ciudadanos de las demás Comunidades Autónomas se han podido refugiar del chaparrón secesionista en sus medios de comunicación propios .

Esta nula presencia de lo acontecido en tierras valencianas se puso de manifiesto con la realización de dos actos recientes de cierta importancia, y que coincidían en el tiempo:

  • La manifestación de 18-N para reivindicar una mejor financiación para la Comunidad Valenciana. Descartada la vía de la negociación en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas del Botànic, a las que se sumó Ciudadanos, realizaron una protesta contra el Gobierno del PP.
  • La Maratón de Valencia, celebrada el 19-N, con gran éxito de participantes y de público animador.

Curiosamente, el mismo sábado en que se realizó la manifestación de Valencia tuvo lugar una concentración de extremeños en Madrid para reclamar un tren digno, que contó con el consenso de TODAS las fuerzas políticas de la región, aunque con una participación menor que en la manifestación de Valencia. Sin embargo, esta tuvo mucha más repercusión que aquella en las televisiones con sede en Madrid.

De todo ello, cabe destacar que el pueblo valenciano aún sufre el largo  y tortuoso trayecto de una maratón recorrida por una infrafinanciación galopante, que afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, como son el derecho a la igualdad, a la información y al fomento de la lengua propia.

Ahora, cuando se habla tanto sobre reformar la Constitución, cabe preguntarnos si no sería tarea más urgente y necesaria tomar los acuerdos políticos oportunos, al objeto de hacer realidad los principios democráticos que configuran el sistema constitucional español.

La mayoría de propuestas para iniciar la reforma de la Constitución van encaminadas a dar solución al denominado “problema catalán”. Sin embargo, durante el trayecto recorrido por la actual Constitución, han quedado relegados en las cunetas del olvido y del desamparo derechos y libertades que afectan a personas concretas y a determinados colectivos humanos. Tal vez, habrá que completar el mandato constitucional antes de modificar una Constitución que aún no ha dado todos los frutos que promete.

Ya sea en la profundización de su contenido o en la reforma del texto constitucional, las organizaciones políticas y sociales de la Comunidad Valenciana, deberían estar ojo avizor y tratar de hacer valer su peso específico en el seno del Estado español.

Ese papel le corresponde prioritariamente al Consell como órgano ejecutivo de una de las Comunidades puntales en los ámbitos económico y cultural. Pero, sobretodo, son los cuatro diputados de Compromís quienes tienen el poder más inmediato para influir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos valencianos, así como en la fijación de unas reglas del juego democrático más justas en lo social, con o sin reforma de la Constitución, dada su posición clave a la hora de negociar los textos legales a aprobar por el Congreso de los Diputados.

Muy a menudo, resulta tentador -por su comodidad mental- adscribirse a las filas del victimismo plañidero, según el cual la culpa siempre es del enemigo a batir. Si el Estado español ha ninguneado al pueblo valenciano ha sido porque los representantes del pueblo valenciano tampoco han podido -o sabido- influenciar en las políticas estatales.

Aún no sabemos cómo va a quedar el nuevo sistema de financiación autonómica y la incierta reforma constitucional. La única certeza que poseemos es que, por ahora, la Comunidad Valenciana no cuenta en el tablero político español, de manera que Comunidad Valenciana es sinónimo de Comunidad inVisible.

El pueblo valenciano debe felicitarse porque este lunes, 11 de diciembre, empiezan las emisiones de À Punt Ràdio, como hito mediático propio y avanzadilla de la tan anhelada televisión valenciana.

Esperemos que las nuevas ondas radiofónicas abran una ventana por la que podamos recibir el aire freso que proviene de nuestra Tierra.

 

(Fotografía: Uno de los estudios de À Punt Ràdio, El Mundo)

 

 

 

155: Cataluña, se acabó la fiesta (una más)

Marx afirmó: “En alguna parte Hegel dijo, la historia se repite como si dijéramos dos veces, pero se le olvidó agregar, la primera como tragedia, y la segunda como farsa”.

El extenso currículum vitae catalán de intentos de secesión, tiene un último acto digno de una película de Berlanga, en concreto de Bienvenido mister Marshall.

Carles Puigdemont habría bordado su papel de autoridad en apuros si, como Pepe Isbert en el citado film, se hubiese asomado al balcón de la Generalitat Catalana para pronunciar el discurso que ponía fin a esa comedia de enredos que ha sido el procés: “Como President vuestro que soy, os debo una explicación… Y esa explicación os la voy a dar”… Sin embargo, ha optado por el turismo judicial y se ha pirado a Bruselas con cinco exconsellers.

Como en la película del añorado director valenciano, los americanos (del Norte, del Centro y del Sur) también han pasado de largo ante la proclamación de la República Catalana Virtual. Así como los alemanes, los franceses, los italianos, los griegos (sí, Alexis Tsipras, también), los británicos (del referéndum pactado sobre la independencia de Escocia), y todas las autoridades de la Unión Europea que han dicho bien alto y claro que nunca reconocerán a una Cataluña independiente.

Toda esta parodia sobre la proclamación de la República Catalana, puede constituirse como colofón de unos cuantos ciclos históricos:

Ciclo corto

La intentona secesionista y la correlativa aplicación del art. 155 de la Constitución cierra el periodo abierto en 2003 con el Pacte del Tinell, el cual iniciaba un periodo de revisión del Estatut catalán y que, en la práctica ha supuesto la marginación del PP de cualquier acuerdo político.

La gravedad del reto independentista ha posibilitado la alianza de los partidos constitucionalistas (PP, PSOE, Ciudadanos) en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho, que incluye la unidad de España. Además, es lógico pensar que el acuerdo constitucionalista se mantenga hasta la definición y aprobación de la reforma constitucional reclamada con intensidad.

Ciclo mediano

Precisamente, el procés del 155 clausura la primera etapa del periodo constitucional y abre el inicio de la deseada Segunda Transición, la cual ha de finalizar con la reforma de la Constitución  española y las normas que sean precisas para los objetivos a alcanzar.

Mas, las reformas del sistema constitucional español no han de ser realizadas para dar satisfacción al sentimiento nacionalista catalán, no solo a este polo político, sino que las modificaciones del marco democrático deberían de estar dirigidas a configurar un sistema constitucional más equitativo y justo en materias tan sensibles como la financiación autonómica, de manera que no vuelvan a repetirse situaciones tan injustas como la que padece la Comunidad Valenciana, en cuanto es una Comunidad cuya renta per cápita es inferior a la media nacional y, en cambio, contribuye al sistema general de financiación.

Ciclo largo

Ortega y Gasset habló de “conllevancia” para dar a entender que el denominado “problema catalán” era irresoluble. Esta idea puede entenderse si se repasan los episodios históricos en los que Cataluña parecía alejarse de España:

La guerra dels Segadors de 1640, que supuso un breve periodo de independencia y 11 años de integración en Francia, con vuelta al hogar hispánico después de comprobar que el Estado francés aún era más centralista que el español.
-La Nueva Planta, impuesta por Felipe V tras la Guerra de Sucesión (que no de secesión, como algunos pretenden vender), que abolió los fueros de Cataluña, aunque finalmente se recuperó el derecho civil foral (lo que nunca ocurrió con el derecho foral del Reino de Valencia).
El Tancament de caixes de 1899, con la célebre sentencia de Manuel Durán i Basno ens entendran mai“; el grito de “Abaix els lladres“, o los silbidos a la Marcha Real  denunciados por Segismundo Moret en 1901.
La proclamación del Estat Català, dentro de la República Federal española, en 1934 (en plena II República, aunque con un Gobierno de derechas), protagonizada por Lluís Companys, revuelta que finalizó con 47 muertos, y con Companys y otros líderes independentista en la cárcel.

El último episodio protagonizado por las fuerzas centrífugas catalanas, encarnado en el procés de desconexión de España (que dirige su mirada hacia el 34), ha sido llevado a cabo por una clase política que ha perseguido los siguientes objetivos:

  1. Minimizar los efectos de la grave crisis económica en Cataluña, a través de la exigencia de un nuevo y exclusivo régimen fiscal.
  2. Intentar la conquista de la secesión de España, aprovechando la debilidad del Estado ante esa crisis económica que se ha extendido a los ámbitos político e institucional. Todo ello, con la inestimable ayuda de la pujante irrupción del populismo indignado que se encarnó en Podemos, el cual tenía como propósito manifiesto “abrir el candado de la Transición“, es decir, intentar cargarse el, por ellos denominado, “Régimen del 78“.

Sin embargo, tras la drástica aplicación del art. 155 de la Constitución, parece que la clase política catalanista tan solo ha conseguido protagonizar una espantá apoteósica, que ha de causar una inmensa decepción entre su cuerpo electoral, al tiempo que motivará hacia la acción a la Cataluña no independentista.

El 21-D se acerca…

 

(Fotografía: eldiario.es)

El ‘procés’, o el ‘harakiri’ de la clase política catalanista

Aprovechando los efectos nocivos de la crisis económica y el crecimiento de las semillas plantadas en los campos de la educación y de la propaganda antiespañola, la actual clase política catalana ha considerado que había llegado el momento de ver cumplida la meta larvada del nacionalismo catalán: la consecución de la independencia. En este intento de lograr los objetivos deseados, caiga quien caiga, en el Parlament de Cataluña se han escrito, firmado, y filmado, las páginas más vergonzosas de la democracia española desde el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, desarrollado principalmente en el Congreso de los Diputados y en las calles de Valencia.

Consciente o inconscientemente, los líderes independentistas catalanes se han pasado cuatro naciones. Al consumar con sus firmas el procés (antes solo virtual) han provocado la reacción de todo el aparato estatal ante sus actos jurídicos, por lo que -con toda probabilidad- frustrará este intento de rebeldía anticonstitucional.

Si ello es así, todo el procés quedará circunscrito a un mero procedimiento de selección de los líderes políticos de Cataluña:

  1. Artur Mas, sucesor del presunto capo de la Logia Mafiosa del 3%, inició el procés, después de la multitudinaria Diada del año 2012.
  2. Las CUP -pilotos/as consentidos/as del procés– exigen, y consiguen, la cabeza de Mas que, posteriormente, es inhabilitado por los tribunales de justicia junto con dos de sus conselleras y el diputado Francesc Homs.
  3. Carles Puigdemont sucede a Mas y da el impulso definitivo al procés.
  4. El procedimiento ilegal llevado a cabo en el Parlament para aprobar las llamadas Leyes de Desconexión, y la firma mancomunada de las mismas, ha provocado la aplicación del art. 155 de la Constitución, la huida al extranjero de varios líderes separatistas, la prisión provisional o la libertad condicional de otros tantos y, probablemente, implicará la inhabilitación -y alguna condena de prisión- para el expresident, sus exconsellers, algunos alcaldes, autoridades y funcionarios.

Por ello, después de los esperpénticos espectáculos de 6/7-S, 1-O , 10-O de 2017, 22-M de 2018… debería abrirse un nuevo periodo político dirigido por una nueva clase política catalana que, como producto de las frustraciones individuales, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos por la finalización de la crisis, lograra rebajar el nivel actual de radicalización política. La nueva clase política catalana tendría que aplicarse a la consecución de los objetivos siguientes:

  • Restañar la división social producida en Cataluña por el procés.
  • Llevar a cabo los pactos necesarios con el Estado y las demás Comunidades Autónomas, para conseguir un sistema de financiación lo más justo posible, y  una reforma de la Constitución, en su caso, que la adapte al desarrollo actual de la sociedad española y al sentir de los ciudadanos.

Porque una de las consecuencia más nefastas del procés (que coincide con los objetivos  de los independentistas catalanes), es el virtual aplanamiento del territorio español, la uniformización de las distintas Comunidades Autónomas que lo componen. De esta manera, destaca sobre este magma autonómico uniforme la idea -el proyecto insolidario- de construcción de la nación catalana. Unas palabras de Alfred Bosch, entonces portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, al diario La Razón, el dia 19-4-14, ponen de manifiesto el afán uniformizador de una España sin Cataluña:

A nivel cultural para España [la independencia de Cataluña] significaría dejar de cuestionarse si ha de ser plural o no. Es posible que al no estar nosotros en el Congreso no se diera ese permanente llamamiento a hacer las cosas de otra manera, en otro idioma y a tener en cuenta a otro país u otra nación, como es el caso de Cataluña. Yo creo que eso podría dar una cierta tranquilidad a la nación española y no estaría en un interrogante permanente. Creo que hay mucha gente en España que eso lo agradecería“.
O sea, valencianos y baleares (después de darnos la matraca y vendernos la quimera de nuestra integración en los Països Catalans) y vascos, y gallegos, y andaluces, y aragoneses… dentro de la España definitiva, y no una España cualquiera, sino una nación uniforme y centralista, sin ningún signo de pluralismo; castellana, tranquila!..

De momento, lo que han conseguido los líderes del procés es imponer su monotema a toda la opinión pública (y publicada) española. Así, no pueden salir a la opinión pública los graves problemas que atenazan a la sociedad española en su conjunto, y a la  valenciana en particular, com son:

  1. La infrafinanciación (la publicación de las últimas balanzas fiscales, las correspondientes al año 2014, ponen de manifiesto que la Comunidad Valenciana es la peor tratada, una vez más, en el sistema de financiación actual).
  2. La escasa inversión estatal en infraestructuras.
  3. La falta de una política hídrica solidaria y justa.
  4. La no recuperación del Derecho Civil Foral

Pues, sea cual sea el lugar donde se ponen los focos de la noticia, tan solo se habla del tema que corrompe la vida política catalana y española: el desafío catalanista en todas sus formas y variantes, que supone un doble golpe a la democracia española, en cuanto

  • Negación del sistema constitucional, por cierto, edificado al gusto del nacionalismo catalán y que contó con la participación inestimable de los padres de la Constitución Miquel Roca y Jordi Solé Tura. Además, fue bendecido por la presencia en Barcelona del President de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, de ERC, así como por el 91% del electorado catalán. Tampoco podemos olvidar que los diferentes sistemas de financiación y las inversiones del Estado en Cataluña siempre han sido pactados con el poder catalán.
  • Saturación del espacio comunicacional español, donde solo se habla del problema catalán, igual que en el campo deportivo el Real Madrid y el Barça excluyen al resto de equipos de los principales canales de comunicación.

Confiemos en que tanto meneo, anime a la clase política valenciana a salir de la larga modorra política e ideológica en la que anda sumida, y pueda asumir un papel protagonista en defensa de los intereses del pueblo valenciano y el establecimiento del nuevo marco político español.

 

(Fotografía: ABC.es)

Barcelona: España, en la encrucijada

En plena crisis y con el Gobierno del PP, han florecido dos movimientos políticos que, persiguiendo sus propios objetivos, intentan impugnar el sistema constitucional instaurado en 1978. Estos son:

  1. Los Indignados que, posteriormente, fundarán Podemos como partido político que rechaza el sistema democrático fraguado durante la Transición, bautizado como “Régimen” para asimilarlo al Régimen dictatorial de Franco.
  2. Los soberanistas catalanes que llevan a cabo el procés independentista catalán, que busca la desconexión con España.

Ambos movimientos han coordinado sus fuerzas, ya que el objetivo principal de los mismos es el desmantelamiento del sistema constitucional español.

Los motivos que se arguyen para tal rechazo a la democracia española -aunque se realice a través de un ataque al PP, como partido que gobierna el Estado español- son los siguientes:

  • No hubo una ruptura con el franquismo durante la Transición. El sistema constitucional nacido de la misma supuso una simple supervivencia del Régimen instaurado por Franco.
  • El sistema es corrupto, dados los múltiples -y presuntos- casos de corrupción que han salido a la luz pública.
  • La Constitución española no reconoce el hecho diferencial catalán.
  • Existe una discriminación del Estado hacia Cataluña en materias financiera y de inversiones.

Para tratar de conseguir sus metas políticas, tanto los podemitas como los independentistas han venido jugando -de una manera coordinada- con la debilidad del Estado, provocada por la crisis económica y el aireamiento de los casos de corrupción del partido en el Gobierno, aunque pasando por alto la presunta corrupción generalizada presente en las Comunidades andaluza y catalana, gobernadas por el PSOE y CiU, respectivamente.

En definitiva, “Todos contra el PP“, como una prolongación del Pacte del Tinell que ha sido ratificado por el PSOE de Pedro Sánchez en su camino por conseguir la ansiada Presidencia del Gobierno de España.

Como si de un juego infantil se tratara, se ha puesto en peligro el régimen de derechos y libertades que, de una forma consensuada por las fuerzas políticas presentes durante el periodo de la Transición -catalanismo incluido- se plasmó en el texto constitucional de 1978. Se ha llevado a cabo una lucha -más bien verbal y desde las tertulias de los platós de televisión- que se ha trasladado a las perfomances realizadas en los Parlamentos español y catalán, donde las proclamas y los anuncios de las leyes de desconexión no han llegado a plasmarse en textos publicados en el correspondiente Diario Oficial, por falta de manos que empuñen las oportunas plumas.

Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils han supuesto en duro golpe a la consciencia de la gente, así como un reto importante al sistema de derechos y libertades de los ciudadanos que los han padecido, y una fuerte alarma a toda la sociedad catalana y española, junto con las fuerzas políticas de los espectros catalán y español. El jueguecito dialéctico y teatral que amenazaba con destruir -virtualmente- el sistema constitucional de 1978, ha terminado (o, más bien, debería terminar) con el duro zarpazo provocada por la mayor célula yihadista descubierta en el ámbito europeo (al menos, 12 miembros), que ha causado gran cantidad de muertos y heridos en las Ramblas de Barcelona y en el Paseo Marítimo de Cambrils. Un potente aviso de que existen fuerzas ideológicas que pretenden acabar -de verdad- con el sistema de libertades que impera en el mundo occidental.

Las primeras reacciones de todas las fuerzas políticas españolas y catalanas -con la esperada excepción de la CUP y su #capitalismofobia- de llamamiento a la unidad, podrían establecer las bases para una nueva etapa política en la que se busque más el acuerdo trabajado que la rápida discrepancia, sobretodo si esta responde más a un artificio que a un hecho real, o a un escollo ideológico insalvable. En este sentido, cabe destacar la presencia en todos los actos que se han realizado en Barcelona de TODOS los líderes políticos españoles y catalanes, con la icónica asistencia de las alcaldesas de Barcelona (Ada Colau) y de Madrid (Manuela Carmena) en la Misa celebrada en la Sagrada Familia, a pesar de su conocido agnosticismo.

Sin embargo, pronto se han producido gestos de las autoridades catalanas, que pueden ser signo de que la cabra tira al monte y de que el procés tira adelante caiga quien caiga. Así:

  1. El Conseller de Interior de la Generalitat Catalana diferenció entre víctimas catalanas y fallecidos de nacionalidad española.
  2. Dentro del protagonismo exclusivo del Govern en lucha contra la célula yihadista, la rueda de prensa protagonizada por el President, el Conseller de Interior y el Mayor de los Mossos d’Esquadra, dirigida a los informadores internacionales, se escenificó como una invitación a entrar en la salita de estar de la República Independiente de su Casa.
  3. En una entrevista en el Financial Times, Carles Puigdemont ha acusado al Gobierno de España de hacer un uso político de la seguridad, al tiempo que afirma que ya tienen más de 6.000 urnas para el 1-O.

El arzobispo de Barcelona, Omeya (sic), expresó en la homilía de la Misa en la Sagrada Familia que “la unión nos hace fuertes, la división nos corroe y nos destruye”.

Confiemos en que este zarpazo del yihadismo, que nos ha hecho morder el polvo de la dura realidad, sirva al menos para conseguir tres objetivos fundamentales:

  • Rebajar la tensión dialéctica y el uso indiscriminado de la demagogia política a niveles aceptables.
  • Permitir que el independentismo catalán pueda salir, lo más dignamente posible, de la ratonera en la que se ha metido; aunque para ello, los líderes independentistas deban gozar de sus minutos de gloria dentro de estos dramáticos momentos marcados por el terror y la desgracia humana.
  • Sentar las bases de una nueva política dirigida a buscar los consensos en lugar de los enfrentamientos estériles.

Por todo ello, Omeya: Amén.

(Fotografía: El Periódico de Aragón)

 

 

 

 

 

 

Independiente de Cataluña – Real Español: 1-0. ¿A qué jugamos?

La fecha señalada para la celebración del referéndum hacia la independencia virtual de Cataluña, no puede ser casual: el incierto, alarmante y confuso 1-O, que bien podría asimilarse a la inauguración del marcador en cualquier juego de pelota, como el fútbol, por ejemplo. Este podría ser el desarrollo del (des)encuentro:

1-0. (Marcado en clarísimo fuera de juego constitucional).

Se adelanta en el tanteador el Govern de la mayoría parlamentaria -que no electoral- del movimiento independentista catalán, lo que le aporta las siguientes ventajas tácticas:

  • Juega al ataque y va por delante del Gobierno Español en el juego político, el cual, además, se encuentra a la defensiva y actúa a rebufo de las iniciativas que adopta el Govern Català. Mientras, la mayoría social y electoral catalana -que no es independentista- como cualquier mayoría silenciosa que se precie, calla (aunque vota que es un primor).
  • Se ha asegurado la presencia machacona en los medios de comunicación, de manera que copa día tras día las parrillas televisivas, las ondas de radio y el papel-prensa, sin fisura alguna.
  • Con la inauguración del marcador político y social, y el miedo que ha metido en el cuerpo de la clase política y de los ciudadanos en general, se garantiza que -sea cual sea el resultado final- se acabará mejorando el posicionamiento de Cataluña dentro de la estructura estatal, con el logro de mayores cotas de autogobierno, la obtención de más recursos económicos e inversiones estatales en infraestructuras (para empezar ya han sido aprobados 4.200 millones por el Gobierno de Mariano Rajoy). Probablemente, se producirá también el reconocimiento de Cataluña como nación, mediante una reforma simple o reforzada de la Constitución Española.
  • Al mismo tiempo, le permite correr un tupido velo con la estelada para tratar de cubrir las vergüenzas del régimen corrupto del 3%, que de forma tan eficiente gestionó la saga de los Pujol y otros dirigentes de la virtualmente extinta Convergència Democràtica de Catalunya.

Forofos de estas jugadas estratégicas no le van a faltar al seleccionado nacional independentista: tanto Podemos como el nuevo PSOE del renovado secretario general Pedro Sánchez, ya se han manifestado favorables al tratamiento fiscal privilegiado para Cataluña, respecto de los demás pueblos de esa nación de naciones que atiende al nombre de España. (Por cierto, ¿Valencia será la tercera nación, después de Cataluña y Euskadi?).

Que en el camino hacia el triunfo algunos miembros del Govern y otros líderes políticos independentistas hayan acabado chupando banquillo -por el cese en sus funciones-, o sentados en el banquillo de los acusados para terminar inhabilitados, supone un precio insignificante en comparación con los beneficios que pueden obtener en conjunto. En este sentido, existe una buena cantera de políticos valencianos que, habiendo sido declarados no culpables o no imputados en procesos judiciales contra la corrupción, hace tiempo que han sido inhabilitados de facto, tras pasar por el largo y tortuoso camino que conduce hacia la pena de telediario. Véase:

  • Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, por el contencioso de los trajes.
  • Alfonso Grau, exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, por el caso Nóos.
  • Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, a quien le archivaron el caso Rabasa, aunque tiene pendiente otro proceso.
  • Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, investigada por el llamado pitufeo de 1.000 euros y el caso Ritaleaks (gastos en viajes y bolsos, denunciado por Compromís, del que fue absuelta), con el resultado de su inhabilitación política y su postrera muerte física.
  • En esa misma línea, cuando en España no había más madera en materia de corrupción que aquello que los medios de comunicación españoles denominaron #LoDeValencia, el líder político valenciano Esteban González Pons vio truncado su camino hacia un Ministerio en el Gobierno del PP porque una campaña bien orquestada lo señaló como “presunto implicado” en un caso de corrupción…

1-1.

No obstante, el Estado Español es una maquinaria algo anticuada, pero a la vez potente y más o menos bien engrasada. De momento, aunque parece ir a remolque de las desafiantes iniciativas del Govern Català (más verbales y gestuales que efectivas), esconde sus mejores cartas (como también trata de hacer el independentismo) con el objetivo de intentar empatar el envite, primero, y acabar venciendo finalmente en el pulso lanzado por los soberanistas catalanes. Por ello, dirige una batería completa para sojuzgar la voluntad ganadora del adversario:

  • La fiscalización semanal de las cuentas de la Generalitat Catalana por el Gobierno de España, al objeto de impedir que se desvíen gastos finalistas hacia la organización del referéndum por la autodeterminación.
  • La Fiscalía y la Judicatura pisan los talones a las autoridades catalanas que pudieran resultar responsables de organizar la consulta inconstitucional, y que podrían resultar inhabilitados y, lo que es peor, sancionados con multas que afectaran al patrimonio personal de los condenados.

Según lo expuesto, lo normal es que la partida acabe en tablas. Pero sabemos que en el fúrbol todo puede ocurrir hasta que el árbitro pita el final del partido: desde que algún equipo marque en el último minuto y logre la victoria… hasta que alguien acabe en prisión…

Aunque casi lo más probable es que el empate conduzca a una prórroga interminable… a nuevas y tediosas temporadas de Pasión de Catalanes.

De todas las maneras, aunque el Gobierno Español acabe imponiéndose en el reto separatista y logre impedir la celebración del referéndum, los independentistas siempre podrán celebrar el 1-0 inaugurador de la temporada, y exclamar: “que nos quiten lo bailao“.

(Fuente de la fotografía: EcoDiario.es – elEconomista.es)