Corrupción: Cautivo y desarmado el pueblo valenciano…

La flamante Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat (al cuadrado), pagó la novatada al pinchar el globo-sonda lanzado por ella misma sobre la posible revisión del copago farmacéutico. Presente en el Gobierno de Mariano Rajoy como cuota catalana en su seno (hay que efectuar gestos de cariño hacia los hoscos catalanes independentistas), la bisoñez de la Dolors aún hace más sangrante la ausencia total de ministros valencianos en dicho Gobierno, e incluso en el segundo escalón de la Administración del Estado, tras la defenestración del anterior Ministro de Asuntos Exteriores, el (medio) valenciano José Manuel García Margallo, así como de la Secretaria de Estado Susana Camarero (precisamente en el Ministerio de Sanidad).

Destacados periodistas catalogados de derechas, como Francisco Marhuenda (director de La Razón), Antonio Martín Beaumont (director de ESdiario) y Antonio Jiménez (presentador de El Cascabel en 13TV), habían mostrado su extrañeza y repulsa a ese cordón sanitario impuesto por el PP de Madrid al PP valenciano, y que se extendía a la falta de protagonismo de este último en la organización del próximo Congreso del PP, que tendrá lugar en el mes de febrero.

Aunque no explicitado, este desarme del ya exiguo poder valenciano en Madrid se justifica por la corrupción atribuida a la sección valenciana del PP. En el pasado ya se demostró la relación entre la (presunta, aunque mediática) corrupción valenciana y el alejamiento del poder central de los líderes de la derecha valenciana. El periodista cántabro Fernando Jaúregui cuenta un episodio significativo en su libro Historia vivida de España (Memorias y biografías):

“Claro que había nombramientos que yo no lograba entender (o sí…), como el de la titular de Sanidad, Ana Mato, que fue a parar a la cartera que en principio parecía destinada a Esteban González Pons: alguna maniobra orquestal en la oscuridad, de esas que siempre se producen desde los «aparatos» ante una formación de Gobierno o en los entresijos de las crisis ministeriales, propició que a González Pons un periódico le relacionase de manera no muy justificada, casualmente en aquellos días en los que se tejía el nuevo elenco ministerial, con los manejos de Urdangarín en la Comunidad Valenciana en el marco del «caso Noos».”

En ¡Es el cambio, estúpido! España en la segunda transición, de Fernando Jáuregui y Federico Quevedo, se concretan un poco más los protagonistas de este rocambolesco no-nombramiento:

“Según Jáuregui, cuando Rajoy formó el Gobierno tenía casi decidido otorgar el Ministerio de Sanidad a Esteban González Pons; pero aparecieron esos días inoportunas informaciones en El Mundo, relacionando indirectamente a Pons con el caso Nóos, y allí acabó la nonata carrera ministerial del valenciano, hoy eurodiputado. ¿Quién y por qué filtró esos días la información sobre González Pons que llevó a Mato al Ministerio? Jáuregui y Pons, y muchos otros como Pons en el PP, creían saberlo. Más miserias de la política” (y de la prensa, habría que añadir).

La desaparición en la escena política española de los líderes del PP valenciano -que ha tenido su corolario dramático con la muerte física, real, de Rita Barberá-, se puede rastrear en la trayectoria mediática que discurre entre las 169 portadas sobre el inocente Francisco Camps que, según el periodista Arcadi Espada, publicó El País, hasta la atención dedicada por El Mundo y otros periódicos y medios de comunicación (principalmente, las televisiones Cuatro y La Sexta). Pues como afirma Moisés Naím en Repensar el mundo: 111 sorpresas del siglo XXI:

“Las reputaciones periodísticas o el éxito económico de cualquier medio ya no podían ignorar el apetito del público por saber cada vez más sobre la deshonestidad —real o presunta— de sus gobernantes”.

Y, al interés (político y crematístico de la prensa) hay que añadir el de los líderes de los partidos de la oposición, así como del propio PP, en su lucha por la obtención del poder en los órganos de la Administración y las estructuras partidarias. Ello, además, asegura la presencia en las ventanas catódicas, a través de las cuales la gente se hace una idea del mundo que le rodea. En este sentido, dice Naím:

“Las acusaciones de corrupción se convirtieron en un arma política y electoral común y muy potente. Se hizo normal entre los candidatos a cualquier cargo público declararse jefe de la campaña de «manos limpias» y acusar al adversario de cómplice del viejo orden corrupto.”

Ante la repetida imagen de la Comunidad Valenciana como el territorio de la corrupción por antonomasia, los datos aportados recientemente por el Poder Judicial, y que se muestran en el encabezamiento, desmienten tajantemente dicha pretensión aireada en las sedes parlamentarias y en los medios de comunicación. Alguien debería (pero no lo hará) pedir perdón; por ejemplo el bocazas de Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria, que en sus actuaciones televisivas siempre tenía a punto en su vivaz lengua la expresión “¡lo que está pasando en Valencia!”, refiriéndose a los casos de corrupción.

Es evidente que para muchos actores políticos viene bien a sus intereses de liderazgo personal y de partido el airear los presuntos casos de corrupción valenciana, pero habrá que constatar que el final de la película no es demasiado feliz para el conjunto del pueblo valenciano: la destrucción de puentes entre los diferentes partidos de ámbito valenciano y de estos con el Gobierno Central -¡tan necesitado de apoyos parlamentarios en la presente legislatura!-, conduce a la marginación de la Comunidad Valenciana en el diseño de la política estatal. Y ya sabemos que si no se participa en la toma de decisiones políticas, por lo general, estas se volverán en contra de los intereses del ausente. De esta manera, a los valencianos se nos reservará el papel subalterno que tan bien sabemos desempeñar.

Así, si nadie lo remedia -y no parece que nadie quiera asumir el compromís de remediarlo- la Comunidad Valenciana continuará con el papel de pobre-pagana en el escenario del nuevo sistema de financiación autonómica: Papá-Estado y sus hijastras autonómicas -ávidas de recursos económicos y de inversiones- no van a permitir otro desenlace.

 

 

 

 

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